CNE – TSJ Y SUS DELITOS

cropped-header.jpgVenezuela es una República que reconoce la igualdad de todos sus ciudadanos para frenar los abusos de aquellos que detentan el poder, conformando un Estado de Derecho sometido a la Ley para garantía y protección de los derechos fundamentales y libertades civiles de todos y de cada uno de los ciudadanos, reconociendo la Constitución la Soberanía en el Pueblo de manera intransferible.

Venezuela es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que reconoce el derecho a su autodeterminación, a elegir, a revocar o despedir a sus gobernantes mediante el ejercicio del voto, de la vía electoral, como garantía de convivencia, fraternidad y unión.

Corresponde al C.N.E. todo lo concerniente al acto electoral, pero conforme a los principios que rigen su funcionamiento, impone la ley entre otros, los de igualdad, transparencia, independencia y eficiencia de los procesos electorales, dejando claro que debe propender a la celeridad del acto de votación y escrutinios, es decir, del proceso todo. Vale aquí recordar que sus miembros son seleccionados y no producto de elección popular.

En el T.S.J. sus miembros deben llenar los requisitos de Ley, ser seleccionados mediante un proceso en forma y términos de carácter Notorio y Público, órgano superior de la administración de justicia que en su seno abriga la llamada Sala Constitucional, con  competencia para dirimir las controversias que surjan de la interpretación de la Constitución.

Pero, ambos órganos en el ejercicio de sus funciones se encuentra sometidos a los principios que le rigen, al sistema de gobierno que nos hemos dado y al reconocimiento de la Soberanía en el Pueblo, con sometimiento pleno a la Ley como imperio de todos y para todos, en consecuencia de no amoldarse sus nombramientos, así como sus actos a ellos, no solo pueden ser nulos sus actos, pueden incurrir en faltas, y también se exponen a la comisión de delitos, si con ellos atentan contra los principios que la Ley les impone, o si lo hicieren contra los fines dados y contra el sistema de gobierno o en desconocimiento de la Soberanía popular, o sea, si sus conductas encuadran en algún tipo penal.

!! No Están Por Encima de la Ley. !!

Reza el artículo 128 del código penal:

“ Cualquiera que, de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para algunos de estos fines, será castigado con la pena de prisión de veinte a treinta años.

Parágrafo Único.- Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.”

Y el artículo 132 del referido código adjetivo, dice en su encabezamiento textualmente:

“Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.”(fin de la cita)

Estas dos normas transcritas, contienen supuestos de tipos penales cuyo bien jurídico protegido, entre otros, es la seguridad de la forma republicana que nos hemos dado como Nación o de sus instituciones republicanas.

Conforme a ambos tipos penales, sujetos activo puede ser cualquiera, es decir, cualquier persona, sin importar si esa persona ejerce o no cargo publico, o se encuentra en ejercicio de una función pública, usurpada o no, en consecuencia los magistrados del TSJ y los miembros del CNE pueden ser sujetos activos de dichos delitos, incluso diputados, ministros o quien detente  la función de presidente de la República.

El 6 de diciembre de 2015 la Nación se expresó ordenando un mandato para todos, ese proceso electoral avalado por el CNE eligió para la oposición 112 diputados que deben estar en pleno ejercicio de sus cargos, deben ejercer la representación de sus electores en forma activa, razón por la cual, la suspensión de ejercicio acordada por el TSJ de tres (3) diputados del Estado Amazona, a todas luces atenta contra la Institución Republicana: Asamblea Nacional, e incluso contra la forma de gobierno que como Nación nos hemos dado, al dejar sin voz, sin derecho alguno a todos los habitantes de un estado que integra la República de Venezuela.

Si adicionamos a este proceder, que el TSJ en su Sala Constitucional, en forma constante ha decidido de manera oscura, con interpretaciones jurídicas que chocan con los principios lógicos y racionales de interpretación de las normas jurídicas, con el objeto de sustentar y dejar sin efecto los acuerdos, leyes y decisiones tomadas por el órgano del Poder Legislativo Nacional desde el inició de sus funciones para el período 2016, podemos observar que los bienes jurídicos protegidos en las normas antes expresadas, pueden estar siendo objeto de ataques conscientes y premeditados, mediante actos dirigidos a impedir el ejercicio de las competencias dadas por la Constitución a la Asamblea Nacional, o anular el ejercicio de sus funciones que le son propias por mandato Constitucional y por mandato expreso del soberano, es decir, del Pueblo.

Pero observamos también, que ante la pretensión ciudadana de ejercer el derecho constitucional a revocar el mandato de quien detenta el cargo de Presidente de la República, tanto el CNE como el TSJ en Sala Constitucional han expresado en forma pública y desplegado conductas dirigidas a impedir, demorar, o menoscabar su ejercicio, incluso con miras a impedir el sentido que la Constitución da a este derecho, en beneficio de un grupo político y militar que tiene el poder en sus manos, y que los miembros de estos órganos de justicia y electorales se han manifestado reiteradamente como integrante de esos mismos grupos políticos y militares en ejercicio del poder.

Podríamos así, estar en presencia de una asociación para delinquir o mas grave aun, en la conformación de un presunto grupo de delincuencia organizada que queda en evidencia al examinarse las violaciones a la Ley e incluso de la propia Constitución, en cuanto a sus previsiones de las formas, requisitos y términos de designación de magistrados, así como al determinar quienes ejecutaron esas designaciones y los tiempos en que esto ocurrió; o si examinamos los hechos a la luz de los objetivos constitucionales para los tiempo de ocurrencia del proceso revocatorio solicitado por un grupo ciudadano y los beneficios que esos retrasos conllevan para los grupos en ejercicio del poder, que en definitivas son los sujetos revocables, todo lo cual habla de la presunta existencia de un grupo de delincuencia organizada de mayor envergadura.

Todo este cuadro se agrava y luce con mayor claridad, si ampliamos la observación a la situación actual del país, al saqueo de sus arcas por los grupos beneficiados; a las relaciones de estos grupos con países extranjeros y los beneficios que han otorgado a estos países sobre el bienestar, sacrificio, destrucción del país y el hambre de los Venezolanos.

Vamos descubriendo a grandes rasgos un presunto ataque a las Instituciones Republicanas y a la forma de gobierno que nos hemos dado, más aún cuando incluso en forma pública gritan que no saldrán del gobierno, que no entregaran el poder, que antes atacaran y defenderán su llamada revolución, excusa usada traer la ruina y el hambre de los Venezolanos, supuestos de la existencia de una conducta que acopla perfectamente a los tipos penales antes referidos y que dan mérito a una investigación para someter a la justicia, a una verdadera justicia a sus autores.

Hoy 2 de septiembre de 2016, es mucho mas alarmante y evidente la situación de riesgo tanto de las Instituciones Republicanas, como de la forma de Gobierno que como Nación hemos decidido, pues durante los últimos veinte (20) días, por distintos medios públicos o privados, de televisión o por redes sociales, escuchamos y observamos, tanto a quien detenta el cargo de Presidente de la República, como a otras personas en función publica o sin ella, invadir la competencia de otras instituciones para amenazar y mostrar poder contra diputados, organizaciones políticas y contra la sociedad civil en general, con el único objetivo de impedir el ejercicio del derecho constitucional de revocar el mandato presidencial en forma oportuna, para ello, militarizaron el país, ciudades y carreteras, permitieron que sujetos armados atacaran con objetos contundentes las unidades de transporte donde se movilizaron los ciudadanos para ejercer sus derechos políticos reconocidos en la Constitución; anunciaron detenciones que luego practicaron organismos de seguridad al amparo de la oscuridad, han manipulado información que debe reposar en los organismos electorales para perseguir a funcionarios públicos que se atrevieron a hacer uso de sus derechos políticos, llegando incluso en discursos públicos, ante corresponsales y medios televisivos a anunciar actos de discriminación, persecuciones políticas, y amenazar con la disolución de la Asamblea Nacional, o  decretos para eliminar la inmunidad a parlamentarios de oposición, anunciando el uso del TSJ como mecanismo  de legalidad al ataque que despliegan contra la forma de gobierno dado por la nación y a la institución de la Asamblea Nacional.

Solo una fuerza armada sin apellidos, que se deba al pueblo, a la Nación Venezolana puede garantizar este sometimiento a la Ley, pero ante su ausencia, también el pueblo con el ejercicio oportuno del derecho establecido en el artículo 350 de la Constitución pude lograrlo, este ejercicio se traduce en el reclamo de la defensa de la Constitución en la calle, en la desobediencia civil, en generar la disyuntiva de            ¡ Servidumbre o LIBERTAD !

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Posted in Opinión Juridica, Opinión Política, Uncategorized

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